Transportes J. Besora, deja en evidencia a las asociaciones.
De la mano del despacho de abogados de Mallol Assessors, que gestionó las reclamaciones de casi 60 empresas de Tarragona.
Jordi Besora, gerente de la empresa de Tarragona Transportes J. Besora, es a día de hoy una de los empresarios que más llamadas al día está recibiendo por parte de medios de comunicación y empresarios colegas del sector, interesándose todos por descubrir cómo se gestó todo, es decir, cómo surgió el hecho de dirigirse a su despacho de abogados y emprender la ‘aventura judicial’ de demostrar la ilegalidad del céntimo sanitario, y proceder a continuación a la reclamación de la devolución de las cantidades cobradas por tal impuesto. 
En nuestro caso, hemos querido dar un respiro a Jordi Besora que, al recibir nuestra llamada a última hora del día, lo hemos encontrado “colapsado”, nos dice alguien de su empresa.
(En la imagen, pantallazo de la web de Transportes J. Besora)
Hasta 60 casos de empresas de Tarragona gestionadas por Mallol Assessors
Hemos conversado con su despacho de abogados, Mallol Assessors, y en
concreto con la abogada Irene Mallols, que gestionó desde el principio no sólo el expediente de Transportes J. Besora, sino el de hasta un total de 60 empresas de transporte de Tarragona.
Nos sorprende en principio la cantidad de empresas gestionadas por este despacho privado, lo que parece evidenciar una escasa relavancia de las asociaciones de empresarios transportistas de Tarragona, las cuales supuestamente debían asesorar mayoritariamente a sus asociados en este tipo de cuestiones fiscales de alcance.
Cómo comenzó todo
“Cuando en 2009 conocemos el dictamen de la Comisión Europea sobre la ilegalidad del céntimo sanitario y recomendando a España la retirada del impuesto, ante lo que nuestro país hizo caso omiso, nosotros decidimos empezar a indagar sobre este tema y estudiar las posibilidades de llevar a cabo una reclamación jurídica sobre la ilegalidad de este impuesto, y a continuación plantear su devolución”, señala Irene Mallols.
“El caso de Transportes J. Besora ha llegado a todos los medios como el referente puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su momento, tomó el expediente concreto de este cliente nuestro como ejemplo para dar luz verde a nuestra peticiones y elevar una consulta jurídica formal al Tribunal Superior de Justicia de la UE”.
“Antes de llegar a esto, nosotros elaboramos una circular que hicimos llegar a todos nuestros clientes, empresas transportistas, informándoles sobre la cuestión y las posibilidades de ejercer esta reclamación. Les decíamos sinceramente que no estaba garantizado el éxito, pero sí estábamos convencidos de que había muchas opciones”, señala Irene Mallols.
La mayoría de los recursos y las reclamaciones, a través de ellos. Las asociaciones, escaso papel.
Le preguntamos a Mallols, ante el elevado número de empresas transportistas a las que llevaron el caso, que si en el caso de Tarragona se ha concentrado más todos estos procedimientos a través de despachos privados que de las asociaciones (ya sean provinciales o estatales). Nos lo confirma: “En Tarragona, las reclamaciones de las principales flotas las hemos gestionado nosotros”.
“Cuando acudimos por primera vez a Luxemburgo para tratar de cerca esta cuestión, nos dijeron que había un total de 420 expedientes suspendidos, abiertos sobre este tema a la espera de que se resolvieran. Y de todos ellos, igual teníamos la mitad nosotros”.
Cantidades reclamadas
“Los dos casos de las empresas por las que hemos reclamados mayor cantidad económica son dos que poseen depósitos propios de combustible, y entre ambas suman cerca de 3 millones de euros”.
* Cómo será la sentencia del Tribunal
“CREEMOS QUE SE VA A LIMITAR LA SENTENCIA EN EL TIEMPO Y SE TENDRÁ QUE DEVOLVER A TODO EL MUNDO”
“Creemos que la esencia de la sentencia del Tribunal va a seguir lo que ha dicho el abogado Whals. En relación a los efectos de la sentencia, para que se limitase su efecto en el tiempo, tienen que darse dos cuestiones: uno, que haya un perjuicio económico importante; y dos, que por parte del Estado haya habido buena fe”.
“Lo primero sí que está claro, pero lo segundo no rotundamente. El Estado español no ha hecho caso en ningún momento a las advertencias de Bruselas”.
“Creemos que no van a limitar la sentencia en el tiempo y se va a sentenciar la devolución para todo el mundo. Ahora bien, estos 13.000 millones de los que se habla no se van a devolver nunca.
En lo que se refiere a los transportistas, les recomendamos que presenten toda la documentación antes de la sentencia, porque en el fondo va a salir bien, además la ley tributaria sólo te permite reclamar cuatro años atrás, por lo que no se deben demorar en el tiempo”.
“ESTIMAMOS QUE SE LLEGARÁ A DEVOLVER UN 10% DE ESOS 13.000 MILLONES DE EUROS, ES DECIR, UNOS 1.300 MILLONES DE EUROS”
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